Este martes 31, para cerrar un mes que venía tranquilo, estalló en Buenos Aires un tema jurídico-político por tenencia de tierras en Angostura.
El diario Infobae, a través de un periodista radicado en Bariloche, difundió que no se pudo realizar el desalojo de las comunidades Melo-Quintriqueo que ocupan tierras en Huemul porque los oficiales de justicia se encontraron sin apoyo policial para realizar el operativo judicial.
El caso se remonta a 2011 cuando Maria Broers, que había adquirido tierras en nuestro ejido sufrió la ocupación de las mismas por integrantes de comunidades mapuches que las reivindican como territorio ancestral.
Se produjo un litigio y luego de años este 30 de marzo la señora, luego que todas las instancias judiciales le reconocieron que eran suyas, iba a recuperar sus tierras, pero el problema descripto de falta de apoyo policial lo frustró.
Ahí entró en acción la política, al menos es lo que afirma Francisco Poppe, autor de la nota para Infobae, quien difama al gobernador Rolo Figueroa, al hacerlo responsable de la falta de apoyo policial para ejecutar la sentencia.
Para ello se basa, presuntamente pues nunca afirmó haber estado presente en el lugar de los hechos, en dichos de los abogados de Broers, quienes le habrían comentado que uno de los líderes de la comunidad mapuche, Lucas Melo, afirmó haberse reunido con Figueroa y este le aseguró que no se produciría el desalojo.
También Poppe incluyó que estos dichos quedaron en un acta labrada, pero no aportó pruebas de la misma.
Esto no es menor, pues, EN 4 OCASIONES AFIRMO CONTUNDENTEMENTE QUE EL GOBIERNO PROVINCIAL NO APORTO PERSONAL POLICIAL, sin embargo, en las últimas líneas de la nota, siguiendo el relato de Juan Gigena, abogado de Broers, se presentaron en el lugar con los oficiales de justicia Y UNOS POCOS POLICIAS, es decir, entró en flagrante contradicción el relato -mentiroso- que por orden de Figueroa no se aportó personal policial para apoyar la ejecución de la sentencia, viéndola así frustrada.
Sin embargo, supuestos apoderados de Broers -sin identificarse- emitieron una nota donde relatan parte de estos hechos descriptos en Infobae, culpan a la Policía (dependiente de Figueroa) y afirman que iniciarán denuncias penales por desobediencia de orden judicial a funcionarios responsables, sin identificar a quienes (el Ministro de Seguridad Nicolini, de Gobierno Tobares, a Figueroa, a todos?).
Por donde se lo mire es un escándalo, ya que gratuitamente se ensucia a una institución de seguridad que en abril cumplirá 69 años, a funcionarios de extensa y proba actuación pública y a un Gobernador que, por primera vez en la historia de este siglo de la provincia, está poniendo las cosas en orden, proyectando, planificando, para desarrollarla y dejarla en mejores condiciones de las que la heredó, para mejorar las oportunidades de sus habitantes.
En cuanto a los legítimos derechos de propiedad de la señora Broers, el tiempo y la dinámica de la burocracia judicial, le harán justicia. Al menos, si es lo que corresponde -como parecería ser- desde LANG TV es lo que le deseamos.
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